MOBILE — El miércoles 27 de mayo se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Mobile relacionada con Leo García Venegas, un hombre del condado de Baldwin que ha sido detenido por autoridades migratorias en tres ocasiones durante el último año.

Venegas, representado por el Instituto para la Justicia, presentó una demanda en septiembre del 2025 oponiéndose a las prácticas de aplicación de las leyes migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta solicitando una orden judicial preliminar contra el DHS relacionada con la aplicación de las leyes migratorias en lugares de trabajo, acusando a las autoridades migratorias de violar sus derechos constitucionales y los de otras personas.

Venegas, de 26 años, nació en Florida y vive en Silverhill. Ha vivido en Alabama por 12 años y ha trabajado en construcción durante seis años. Fue detenido por primera vez por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada en una obra de construcción en Foley el 21 de mayo de 2025.

Un video grabado con un teléfono celular del incidente, publicado en internet por el Instituto para la Justicia, muestra a Venegas siendo detenido a la fuerza por agentes de ICE mientras él y otras personas gritan que es ciudadano estadounidense. Durante la redada, las autoridades también arrestaron al hermano de Venegas, quien se encontraba en el país de manera ilegal y desde entonces ha sido deportado a México.

En su demanda, Venegas argumenta que los agentes se negaron a aceptar su REAL ID emitida por Alabama, descartándola como falsa. También afirma que únicamente los trabajadores hispanos fueron objeto de la acción de las autoridades, mientras que sus compañeros de trabajo blancos y afroamericanos fueron dejados en paz.

El segundo incidente ocurrió el 12 de junio de 2025. Venegas estaba solo en una vivienda instalando tornillos para concreto cuando agentes de ICE ingresaron a la propiedad. Venegas, hablando a través de un intérprete, testificó que mostró su identificación, pero que los agentes le dijeron que eso no importaba. Señaló que el encuentro duró aproximadamente 20 minutos mientras las autoridades verificaban su ciudadanía. No fue esposado.

El tercer incidente y el más reciente, ocurrió el 2 de mayo. Venegas conducía de regreso a casa cuando notó que un vehículo lo seguía. Cuando llegó a su domicilio, agentes de ICE lo rodearon y lo detuvieron, esposándolo las manos y los pies. Testificó que permaneció esposado entre 25 y 30 minutos mientras verificaban su ciudadanía y una unidad canina inspeccionaba su vehículo en busca de drogas.

El vehículo que conducía durante el incidente era un Ford F-150 modelo 2004 registrada a nombre de su hermano, quien fue deportado. Venegas dijo que utilizaba la camioneta para hacer compras y ocasionalmente para ir al trabajo cuando llegaba tarde. Testificó que no cambió el registro porque pensaba que mientras tuviera licencia de conducir no tendría problemas.

Venegas no ha enfrentado cargos penales tras sus encuentros con las autoridades migratorias.

Aunque continúa trabajando, afirmó que estas experiencias han afectado su vida diaria. Dijo que ya no se siente seguro al conducir y que las redadas migratorias han impactado su trabajo.

“Ha habido un cambio enorme,” dijo Venegas el miércoles fuera del tribunal. “Mucho trabajo no se está realizando porque hay personas que tienen mucho miedo de ir a trabajar debido a inmigración.”

EL CASO CUESTIONA EL MANEJO DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

La demanda de Venegas se produce mientras la administración del presidente Donald Trump continúa intensificando las medidas migratorias en todo el país. Desde el inicio de su segunda presidencia, la administración ha deportado a alrededor de 230,000 personas arrestadas dentro del país y a otras 270,000 detenidas en la frontera, según un análisis de datos federales realizado por el New York Times en enero del 2026.

El juez Jeffery Beaverstock, del Distrito Sur de Alabama y designado por Trump, determinó previamente que Venegas tiene legitimación suficiente para presentar la demanda. Si se concede la orden judicial solicitada, eventualmente podría servir como precedente para casos similares en todo el país, aunque la decisión solo aplicaría a obras de construcción dentro de la jurisdicción del Distrito Sur de Alabama.

Otro trabajador de la construcción, Gehovani Alvirde-Ruiz, testificó en apoyo al caso de Venegas relatando experiencias similares con autoridades migratorias en el condado de Jefferson. A pesar de poseer una tarjeta de residencia permanente (green card) y una tarjeta del Seguro Social, declaró ante el tribunal que los agentes le dijeron que sus documentos “eran las mejores falsificaciones que habían visto” y le exigieron revelar dónde los había comprado.

Los abogados del gobierno objetaron el testimonio de Alvirde-Ruiz, argumentando que su encuentro ocurrió fuera de la jurisdicción del Distrito Sur de Alabama. Sin embargo, Beaverstock permitió que continuara, ya que los demandantes sostuvieron que era relevante debido a que involucraba la forma en que los agentes migratorios manejaban la evidencia documental de estatus legal.

Alvirde-Ruiz afirmó que trabaja en distintos lugares de Alabama y que recientemente estuvo en Mobile participando en un proyecto de construcción en la Universidad del Sur de Alabama.

Los abogados de Venegas explicaron al tribunal que buscan una orden judicial para refutar tres políticas de aplicación migratoria: prohibir que funcionarios gubernamentales ingresen a obras privadas sin una orden judicial; prohibir que las autoridades migratorias detengan trabajadores sin una “sospecha particularizada” relacionada con una persona específica; y exigir que los agentes liberen inmediatamente a cualquier persona que presente una licencia de conducir REAL ID.

DEFENSA DEL GOBIERNO

Philip Lavoie, agente especial a cargo de la aplicación de las leyes migratorias en el Distrito Sur de Alabama, testificó en nombre de la defensa que los agentes realizan operativos migratorios en obras de construcción y otros lugares basándose en denuncias e información recibida por el DHS. También declaró que los agentes intentaron reducir la tensión de la situación antes de detener a Venegas durante su primer encuentro el 21 de mayo de 2025 en Foley.

Cuando mostraron las grabaciones del incidente en Foley, no se escuchaba claramente que los agentes hubieran solicitado identificación a Venegas antes de derribarlo al suelo. Lavoie insistió en que “faltaba mucho contexto,” argumentando que hubo más interacción antes de que comenzara el video.

Lavoie declaró que sus agentes deben confirmar la ciudadanía de una persona incluso cuando ésta presenta una REAL ID. Señaló que han habido casos de inmigrantes que permanecían ilegalmente en el país y que aun así poseían identificaciones válidas.

Ante las preguntas de los abogados de Venegas, Lavoie indicó que el DHS es responsable de verificar los requisitos de las REAL ID antes de que los estados las emitan. También señaló que cada estado tiene sus propias leyes de cumplimiento relacionadas con la REAL ID, aunque no pudo responder si algún estado las ha otorgado a inmigrantes en situación ilegal.

Incluso Beaverstock cuestionó al gobierno respecto a las REAL ID, comentando que para él mismo fue difícil obtener su licencia de Alabama STAR ID y preguntando cómo lugares como los aeropuertos pueden aceptar estas identificaciones de manera más eficiente que las autoridades migratorias.

También hubo debate sobre si las autoridades migratorias tenían derecho a ingresar sin orden judicial a la obra donde trabajaba Venegas. El sitio estaba rodeado por una cerca negra de control de sedimentos, y los abogados de Venegas afirmaron que había letreros de “Prohibido el paso”. Sin embargo, no existía una puerta de acceso, y Beaverstock cuestionó cómo una cerca tan baja podría considerarse una barrera de seguridad.

Los abogados del gobierno argumentaron que un letrero de “Prohibido el paso” no debería impedir el ingreso de las fuerzas del orden cuando se está produciendo una actividad ilegal. No obstante, Beaverstock cuestionó esa interpretación, señalando que ser un inmigrante indocumentado constituye una infracción civil y no un delito penal.

Beaverstock afirmó tener “muchas preguntas” sobre el tercer encuentro de Venegas frente a su vivienda, incluyendo la posibilidad de que simplemente no hubiera visto las luces de los agentes encenderse, algo que dijo haber observado en otros casos. Los abogados de Venegas argumentaron que ese incidente demuestra un patrón repetido de cómo las políticas migratorias del gobierno han afectado a personas como él.

Beaverstock no emitió un fallo de inmediato. Señaló que aún hay “mucho que analizar.”

Jared McClain, abogado principal que representa a Venegas, declaró después de la audiencia que espera una decisión dentro de aproximadamente dos semanas, una vez concluido el período de presentación de argumentos adicionales.

Gabriella Chavez is a Report for America corps member who writes about growth and development in Baldwin County and our natural spaces for Gulf Coast Media. Your donation to match our RFA grant helps keep her writing stories like this one; please consider making a tax-deductible gift of any amount today by visiting https://tinyurl.com/yaf8yf5n.